El 2021 fue un año de transición, en el que Panamá comenzó a recuperarse de la peor catástrofe económica y laboral de su historia, ocasionada por el Covid-19, cuyo impacto social apenas comienza a dimensionarse. El año cerró con un crecimiento de aproximadamente 13% en su Producto Interno Bruto (PIB), compensando parcialmente la caída de 17.9% sufrida en el 2020. La recaudación fiscal igualmente muestra signos favorables y se augura que ambas tendencias continuarán en el 2022.
Pero a pesar de este alentador escenario económico y fiscal, el panorama laboral permanece incierto. Toda la generación de empleo en los últimos dos años ha estado en el sector público. El sector privado, que perdió a 364 mil trabajadores asalariados el año pasado, recuperó parte del terreno perdido, pero no está generando nuevos empleos.
Adicional a los temores del posible impacto sanitario de Ómicron, la nueva variante del COVID-19, Panamá ahora enfrenta al devastador “virus” de la incertidumbre.
El reciente Informe Laboral del INEC reporta una reducción de la tasa de desempleo, de 14.5% en junio 2021 a 11.3% en octubre 2021. No obstante, a octubre 2021 habían 610,208 beneficiarios en el Programa del Vale Digital, quienes reciben ese beneficio justamente porque perdieron o no encuentran empleo.
Si agregásemos esta cifra (sólo como ejercicio teórico) a la Población Económicamente Activa, el desempleo a octubre 2021 estaría alrededor del 32% y no 11.3%, lo cual parece más coherente con la realidad que vive el país.
Entre enero y octubre 2021, el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó 183,519 nuevos contratos laborales (76% de ellos temporales), 44% por debajo de los 326,802 tramitados en el mismo período del 2019, año en el que la economía generó 52,040 empleos, todos informales. Este patrón es síntoma de incertidumbre en el clima de inversiones en el país.
Existe además incertidumbre laboral. El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), publicado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), para el mes de noviembre 2021, refleja que 44% de los entrevistados afirma que es poco probable que tengan empleo dentro de los próximos seis meses. 16% considera que no tendrán trabajo y un 12% no sabe qué ocurrirá.
Es decir que 7 de cada 10 panameños es pesimista con respecto a sus perspectivas laborales. Estas cifras son cónsonas con los resultados de la Encuesta Gallup de noviembre 2021, donde 67% de los entrevistados afirmó no tener empleo.
La permanencia de Panamá en las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la Unión Europea (UE) es otro factor que agrega incertidumbre, pues afecta nuestra capacidad para atraer Inversión Extranjera Directa (IED), que cayó 86.4% en 2020 y un 12.6% en el primer semestre de 2021, al tiempo que otros países de la Región comienzan a atraerla. Hoy Costa Rica es el país que, proporcional a su economía, atrae más IED en el mundo.
El posible impacto reputacional de los Pandora Papers y el peligro ante una posible pérdida del Grado de Inversión de Panamá, máxime con la grave situación de las finanzas de la Caja del Seguro Social (CSS), hacen de la atracción de IED un asunto prioritario.
El Gobierno Nacional viene llevando a cabo importantes esfuerzos para atraer IED, como lo son la Ley SEM DEL 2007 y la Ley EMMA DEL 2020. El Régimen SEM tiene hoy 175 licencias, que han generado más de 7,800 empleos y $1,300 millones en inversiones, en 14 años.
La mejor estrategia para atraer IED es la experiencia de los inversionistas que invirtieron en el país. En este contexto, la negociación del nuevo contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, la mayor inversión extranjera en la historia ($6,700 millones), 39 mil empleos directos, indirectos e inducidos, así como compras por $583 millones anuales a otros sectores de la economía, marcará “un antes y un después” de la IED en el país.
La pronta y exitosa culminación de este proceso mandaría un claro mensaje a la comunidad inversionista internacional sobre Panamá como un país de diálogo, reglas claras, seguridad jurídica y proinversión extranjera.
A pesar de la inquietud alrededor de la variante Ómicron, el 2022 debe ser un año de recuperación laboral, en la medida que pueda generarse confianza en el clima para las inversiones privadas en el país, con énfasis particular en la IED. De esto dependerá la capacidad que tendrá el Gobierno de ir transfiriendo a los beneficiarios del Vale Digital al sector productivo. El reto es enorme.
