Recientemente, José Ramón Icaza Clément, Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) afirmó que la recuperación de empleos debe ser una “obsesión común”. Coincido plenamente.
En el 2020, para hacer frente a la pandemia del COVID-19, Panamá adoptó las políticas de confinamiento más severas de Latinoamérica y, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, pagó el costo socioeconómico más alto. Éste incluyó la cuarta mayor contracción económica en el mundo, la reducción del 15% de su fuerza laboral, la pérdida del 37% de los empleos formales de su sector privado, 40% de disminución de los ingresos de la Caja del Seguro Social (CSS) y una contracción de $600 millones mensuales en el consumo.
La planilla estatal aumentó y el sector privado perdió 327,340 empleos formales, acentuando la contracción que inició en el 2013, cuando éstos representaban 53% de los empleos del país, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años. Hoy, 7 de cada 10 trabajadores en el país es informal o funcionario.
De los 873,750 trabajadores formales del sector privado a agosto 2019, 37% perdió su trabajo, 30% lo mantuvo y 33% fue suspendido. De este último porcentaje, 21% fue reactivado y recuperó su empleo, 3% fue reactivado y luego desvinculado, mientras que, a octubre 2021, 9% se mantiene con su contrato aún suspendido.
Estamos ante la peor catástrofe laboral de la historia. Para contextualizar la magnitud de la devastación, un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicado en enero 2021, reveló que en el 2020, México, con una población de 126 millones, y 55.5 millones de empleos, perdió 647,710 empleos formales en el 2020. Panamá, con 4.4 millones de habitantes y 1.6 millones de empleos, perdió unos 327 mil.
En el 2021 la economía crecerá por las exportaciones de cobre y la recuperación del comercio internacional, pero el panorama laboral permanecerá incierto. Se estima que el desempleo aumentó de 18.5% el año pasado a 20% y hay unos 80 mil trabajadores con contratos aún suspendidos, que deben ser reactivados antes del 1 de noviembre. Adicionalmente, existe preocupación por el vencimiento de la moratoria bancaria e imposibilidad de muchos clientes de hacer frente a sus obligaciones.
La generación de nuevos empleos formales en la economía marcha a la mitad del ritmo del 2019. Un informe del Instituto de Estadística y Censo (INEC), entre enero y agosto 2021, MITRADEL tramitó 139,838 nuevos contratos (78% temporales), un poco más de la mitad de los 267,235 tramitados en el mismo período del 2019., año en el que se generaron 52,040 empleos, todos informales.
Hay una creciente incertidumbre en materia de empleo. El pasado 6 de octubre 2021, CCIAP presentó el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) de septiembre 2021, donde se mantiene el nivel de confianza del Consumidor ante la reactivación económica, con importantes incrementos en los indicadores sobre la situación del hogar y la situación económica del país.
Sin embargo, 43% de los encuestados manifestó que es poco probable que mantenga su empleo dentro de los próximos seis meses, 7% considera que no tendrá trabajo y un 28% no sabe qué ocurrirá. Es decir, 4 de cada 5 panameños (as) se muestra pesimista con respecto a sus perspectivas laborales.
El ICCP de julio 2021 documentó que 26% de los entrevistados sentía que perdería su empleo en los próximos 6 meses (vs. 43% en septiembre) y el porcentaje de panameños optimistas era 37% (versus 22% dos meses después).
La percepción de inseguridad laboral que muestra el ICCP es también indicativa del deterioro de la confianza en el clima de negocios en el país, más aún ante la precaria situación financiera y sobreendeudamiento del Estado. Urge inyectar liquidez al tejido productivo a través de financiamiento bancario, y atraer Inversión Extranjera Directa (IED). Pero para que haya inversión privada tiene que haber confianza, negocios rentables y reglas claras.
Hasta ahora, el objetivo de las autoridades ha sido sanitario, orientado a controlar la pandemia, no socioeconómico. En consecuencia, la prioridad del Gobierno es la vacunación, no la generación de empleo per se.
Habiendo logrado a la fecha un alto porcentaje de vacunados y el relativo control de la pandemia, es hora de hacer la generación de empleo la primera prioridad. Que haya nuevos rebrotes es una probabilidad, que ya hay más de 400 mil desempleados es un hecho. El “enemigo” no es el virus, es el hambre.
