En el 2022, cuando apenas se iniciaba la recuperación económica en América Latina de la crisis global económica causada por la pandemia del Covid-19, la cruenta e inesperada invasión a Ucrania trajo consigo una nueva crisis global con nuevos problemas que postergan el crecimiento económico y el bienestar, incrementando con ello la insatisfacción y el descontento de buena parte de la población.
Este descontento social nace de las tensiones acumuladas en los ámbitos económico, político y social de nuestros países, y su intensidad varía de acuerdo con el grado de desarrollo de la economía y el grado de desarrollo y solidez de las instituciones de cada país. La lista de factores que agudizan estas tensiones es amplia: la baja calidad en los diferentes ciclos educativos, la ineficiencia en los servicios de salud del estado, la tasa de desempleo e instituciones públicas deficientes, entre otros factores.
Muchos analistas coinciden en la necesidad de crear un nuevo contrato social para reconstruir la confianza entre los ciudadanos y el Estado. Un contrato social que promueva el crecimiento económico inclusivo donde el Estado garantice a los ciudadanos educación y salud de calidad, así mismo, con una estabilidad económica que permita a los ciudadanos formarse para obtener de empleos bien remunerados mejorando la productividad del sector empresarial y por ende reducir las brechas de la desigualdad.
Este nuevo contrato social debe ser consensuado entre los diferentes sectores de la sociedad: la sociedad civil, sindicatos, empresarios y gobierno, con un diálogo abierto e inclusivo, enmarcado en un Plan Maestro de Desarrollo, que fomente el crecimiento económico sostenible y el estado de bienestar de los ciudadanos a través de un sistema integral de seguridad social.
Además, el nuevo contrato social puede desempeñar un rol importante en la creación de un sistema de asistencia social para las personas con menores niveles de ingresos, la promoción de nuevas empresas, creación de empleos de calidad y la configuración de un sistema tributario integral que permitan financiar los fines del Estado.
Para avanzar en este nuevo contrato social será fundamental un nuevo pacto fiscal que se concrete con un sistema tributario sostenible, que se apoye en los principios de simplicidad, progresividad y eficiencia recaudatoria, que promueva programas de cumplimiento tributario cooperativos, una administración tributaria moderna y la eliminación progresiva de los gastos fiscales.
La Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) concluye en sus estudios sobre la “Tax Morale” o Moral Tributaria que el descontento de los ciudadanos con respecto a las instituciones y los servicios públicos afecta negativamente al pago de las obligaciones tributarias y por ende afecta recaudación tributaria. Esta situación fomenta la inequidad en los ingresos fiscales, ya que limita los presupuestos de los Estados para reducir las brechas sociales y garantizar servicios públicos de calidad.
En el contexto nacional, es indispensable discutir los desafíos de política tributaria que conllevarían, si así lo desean los ciudadanos, repensar el contrato social, es importante resaltar, que los ingresos tributarios en Panamá representan 13.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) porcentaje muy inferior en comparación al promedio de América Latina que oscila en 21.9% en función el PIB.
Para finalizar hay que destacar que el incremento de las tasas impositivas sería contraproducente en este contexto de crisis, sin embargo, apostar a la modernización tributaria integral bajo los pilares de simplicidad tributaria, derechos y garantías de los contribuyentes y la revisión de los incentivos fiscales, permitirá al Órgano Ejecutivo obtener los ingresos tributarios que les permitirá garantizar la inversión social y lograr la sostenibilidad fiscal.
