Ningún almuerzo es gratis y menos en campaña electoral. A menos de cinco días para las elecciones, los candidatos presidenciales anunciaron ya una serie de beneficios en favor de los votantes, que en caso de hacerse realidad engordarían los $1,634 millones de dólares que en subsidios asume cada año el Estado panameño. Es decir, $8,170 millones en cada quinquenio. Pero son anuncios sin explicaciones suficientes sobre cómo o de dónde se obtendrán los recursos de las promesas nuevas.
La siguiente lista sumaria de promesas deja entrever cómo se intenta cautivar a los posibles electores, alrededor de 2.7 millones. En esta campaña se habla de $150 a los 65 y de comidas gratis en las escuelas.
De la construcción de dos líneas adicionales del Metro de Panamá, más la vía ferroviaria entre la capital y David. Se anticipó ya la eliminación del pago de cuota del seguro social para los jubilados.
Habrá exención tributaria para las personas con ingresos mensuales de mil dólares. Las madres solteras tendrán un apoyo oficial. El Estado dará un aporte anual archimillonario cuyo destino será la cultura y la innovación. Las mejores universidades del mundo recibirán a los panameños en virtud de una beca estatal anual, también archimillonaria. Un subsidio promoverá la contratación de aprendices en las empresas. Los ciudadanos tendrán a su disposición un banco nacional de medicamentos.
Quién paga las promesas
De esta manera la campaña se ha ido llenando de anuncios sin tenerse en cuenta la capacidad del Estado, y menos la del ciudadano que no es otro que el elector y que pese a las elecciones preserva su rol de contribuyente. Y que resulta ser el financiador de tales fantasías.
“El Estado necesita dinero para obras, pagar deudas, honrar compromisos. Las finanzas públicas deben tener un orden y un balance. Las cosas en Panamá deben satisfacerse más por esfuerzo que simplemente regalarse. Y los incentivos y los subsidios deben tener unos topes y unos límites temporales”, considera Adolfo Campos, abogado tributario de la firma Morgan & Morgan.
La respuesta de cómo y de dónde se obtendrán los recursos de las promesas la tiene el economista Felipe Chapman, de la firma consultora Indesa. “Habría que analizar caso por caso y ponerles estimaciones de cuantía a las promesas emitidas y compararlas con el presupuesto general del Estado, para ver si hay suficientes recursos para atender dichos compromisos, o si habrá que hacer ajustes, ya sea por vía de ingresos o sustituir otros de los gastos corrientes de capital”, explica el especialista.
¿Y si no sale la ecuación avizora una reforma tributaria? “Esto tiene que ver con el resultado de las elecciones y de la nómina triunfadora en función de sus promesas de campaña”, contesta Chapman. El experto profundiza diciendo que en caso de que si en “función” de dichos anuncios los recursos como están hoy resultaren insuficientes, se requeriría hacer un reajuste de gastos del Estado o propiciar el incremento de los ingresos.
Quién paga las promesas
Los ingresos del gobierno central en 2018 fueron de 9,020 millones de dólares, de los cuales el 66.5% obedece a aportes tributarios, o sea, $6,005 millones. (Los otros ingresos corrientes corresponden a los no tributarios, producto de dividendos de empresas estatales y peajes, y los de índole de capital y las donaciones).
El impuesto sobre la renta de personas naturales llegó a $53 millones. Por el contrario, para tener referencias de dos asistencias clave al sector privado, el subsidio del tanque de gas de 25 libras totalizó $104 millones el año pasado, o un 23.1% más en comparación con 2017 cuando registró $80 millones. Y en intereses hipotecarios preferenciales la suma fue de $134.6 millones, en comparación con los $102.1 millones del año antepasado: un aumento del 23.8%. (Datos contenidos en el Informe de la Cuenta General del Tesoro, vigencia fiscal 2018).
Contribuyen todos
Una descripción de Adolfo Campos sirve para contestarles a quienes se ufanan de asegurar que “Yo no pago impuestos”. El abogado sostiene que una persona le contribuye al fisco cuando compra un jabón de baño. Su precio contiene el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Materiales y Servicios (Itbms), que es una contribución indirecta como lo es la tasa al combustible.
“Los impuestos que paga un ciudadano común son el de renta cuando su salario supera los 11 mil dólares, el de inmuebles, Itbms, el selectivo al consumo y aquel incorporado en las pólizas de incendio”, las cuales acompañan el contrato de hipoteca.
“En los últimos años se ha tomado una mayor relevancia de los ingresos tributarios del gobierno central”, complementa Javier Mitre, director del Centro de Capacitaciones Profesionales Fiscales y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas.
La valoración de Mitre se corrobora con una consulta no científica presentada la semana pasada en la web de La Prensa. Ante la pregunta a los participantes de que si sabían que los impuestos son el principal ingreso de las arcas oficiales panameñas, el 83.58% (402 personas) contestó afirmativamente, mientras que el 16.42% (79) respondió negativamente. Intervinieron 481 personas.
De modo que los enunciados de los aspirantes deben estar bien estructurados porque estos tienen de interlocutor a un público cada vez más enterado. Sus promesas deben encauzarse lo mejor posible, o de lo contrario, en caso extremo, deberán afrontar una misma tormenta como la que hizo naufragar al gobierno de España de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.
Quién paga las promesas
El entonces mandatario hispánico trataba de manejar la crisis económica de su país y prometió, aseguró, que de ninguna manera permitiría una disminución del estado de bienestar para superar los embates. Meses después rectificó y ordenó el recorte de los rescates sociales.
Tales pisadas de animal grande son aún lejanas en Panamá, donde a propósito, ninguna crisis económica aparece a la vista. Sin embargo, parte del electorado y el público especializado reclaman más detalles concernientes a los subsidios nuevos y a la manera como van a sufragarse estos compromisos.
“El sistema tributario es un tema fundamental de Estado que no hemos visto figurar con protagonismo en el plan de gobierno de ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República, a pesar de que Panamá necesita aumentar la recaudación y se encuentra inmerso en un escenario global de competencia fiscal”, aduce el CEO de la firma GiinTax, José Andrés Romero. (Solo un candidato hace referencias expresas en su plan).
La omisión de la gran mayoría de los aspirantes no impide el cumplimiento del deber ciudadano de informarse. La Ley 8 del 15 de febrero de 2010, que reformó el Código Fiscal, reconoció por primera vez los derechos de los contribuyentes quienes ganaron mayor peso ante el poder impositivo del Estado con la emisión del Código de Procedimiento Tributario, el cual establece la defensoría para los sujetos pasivos tributarios.
“Los fondos públicos para las obras nos cuestan a todos a través de los tributos que pagamos. Por ende, debemos tomar conciencia de la importancia de cumplir voluntariamente con los tributos que nos corresponde… y supervisar y señalar su buen o mal uso”, dejó escrito Campos en la columna “Empoderamiento a través de los tributos”, publicada en el diario La Prensa.
El primer paso de los ciudadanos para estar informados ocurre cuando acceden a la información ofrecida al público de manera permanente en las instituciones oficiales. “Las personas pueden visitar la página web de la Dirección de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas o ingresar al sitio de la Contraloría General de la República, para hacer veeduría ciudadana”, recomienda Javier Mitre.
Los contribuyentes y el público en general pueden conocer ahora el destino de sus aportes tributarios. Y con algo más de análisis podrán saber el rumbo de los impuestos una vez ingresan a las arcas oficiales. “Los tributos forman parte del presupuesto de recaudación, que a su vez se integra a la cuenta del Tesoro Nacional en la que se establecen los diferentes programas de ejecución”, describe Mitre.
Dicho trámite tiene una variante estructural con el advenimiento de la descentralización. Esta figura faculta a los contribuyentes a volverse más celosos con el manejo oficial de sus aportes. “Verificar en qué se gasta mi dinero puede ser algo utópico. Pero si empezamos a estar atentos a las autoridades locales de que hagan su trabajo, o sea, que los representantes y los alcaldes que acuden al Consejo de Gabinete acuerden las obras que deben hacerse ahora en virtud de la descentralización, podremos los ciudadanos iniciar una era de cabildos abiertos para garantizar los controles ciudadanos y determinar cuáles obras son realmente necesarias”, propone Campos.
Sin estas facultades, acusa el abogado, tanto las promesas satisfechas como las incumplidas serán igualmente “pagadas por usted y por mí”, y también por usted, señor ciudadano, estimado votante.
(Lea en nuestra edición en la web de Martes Financiero, la columna exclusiva escrita por el experto José Andrés Romero, la cual se titula “¿Súbditos o ciudadanos?”).
