En los últimos días han proliferado las opiniones a favor y en contra de la Ley 697 que regula la comercialización y uso de criptomonedas, mejor conocida como ‘Ley Cripto’. El propio presidente de la república, Laurentino Cortizo, anunció que vetaría el proyecto de forma parcial debido a los temores de que se preste para riesgos de lavado de dinero y no se cumplan con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la materia.
Felipe Echandi, experto en pagos digitales y CEO de la plataforma Cuanto, defiende los preceptos de la Ley Cripto y advierte que en Panamá se corre el riesgo de seguir rezagados en materia de modernización de los sistemas de pago y más aun si se da la espalda a la regulación del cripto mercado.
¿Cuál es su opinión sobre el veto parcial que hará el Ejecutivo a la Ley Cripto por riesgos de lavado de dinero y no cumplir con estándares del GAFI?
Aun no queda claro los alcances del veto que según el mismo presidente adelantó sería parcial, así que hay que esperar el alcance y los argumentos y saber cuáles partes del proyecto. Desde mi punto de vista lo deseable es que se expliquen las razones de ese veto porque el proyecto sí fue diseñado para cumplir con estándares de GAFI.
¿Por qué promover esta regulación sobre criptomonedas en Panamá?
Se busca un cambio importante, una actualización de nuestra infraestructura financiera y competitividad . Lamentablemente nuestro sector financiero no ha avanzado. En nuestro país tenemos menos de la mitad de la población bancarizada formalmente y el uso de los servicios financieros no es el más digital de la región, estamos muy por debajo. Pero lo que sí tenemos es personas conectadas con celulares y que usan la economía digital. Esta ley lo que busca hacer es que el país sea compatible con los modelos de negocio digitales y que las personas tengan más calidad y más opciones para pagar, y esto incluye criptoactivos, cuya adopción ha sido sin precedentes. Se calcula que el año pasado habían alrededor de 130 millones de habitantes en el mundo que usaban criptoactivos y se espera que en solo cuatro años lleguemos a los mil millones de usuarios de criptoactivos. Nos gusten o no, lo consideremos buenas o malas inversiones es una realidad que allí están, no solo los criptoactivos, las plataformas fintech, las billeteras digitales, las plataformas de crowdfunding, estos modelos de negocio existen desde hace tiempo y Panamá no ha tomado las medidas, seguimos con una estructura de licenciamiento extremadamente arcaica, que solo favorece a la banca y que no promueve la competencia y la inclusión financiera.
¿Cuáles son las novedades que contempla?
Trata de hacer cuatro cosas:
El primero darle una claridad a la naturaleza jurídica de los criptoactivos incluyendo su tributación y eso es algo mencionado por GAFI en las notas interpretativas de la recapitulación 15 de las nuevas tecnologías. No se puede mitigar el riesgo de una nueva tecnología o de un activo digital si no se le asigna una naturaleza jurídica.
En segundo lugar se crea una licencia nueva que se llama entidad de valor digital redimible que es compartible con este modelo de negocio. Muchos de esos modelos ya han existido desde antes, lo que pasa es que en Panamá nos han mantenido cerrados a la innovación, compañías como PayPal no pueden operar legalmente en Panamá, y tampoco otras que permiten mover dinero internacionalmente.
Entonces ¿por qué Panamá no puede ser, cómo lo ha sido para el centro bancario, el centro financiero para Latinoamérica permitiendo que las compañías más innovadoras del mundo en la industria de pagos vengan y se les de certeza jurídica para operar en Panamá?
Panamá ha sido un centro financiero regional, pero le falta actualizarse y modernizarse indica Felipe Echandi. Gabriel Rodríguez/LP
¿Se indica que hay riesgo de lavado de dinero con criptomonedas?
Lo que GAFI pide en sus notas interpretativas es mitigar los riesgos de dichas tecnologías, regular licenciando a los proveedores de servicios de este tipo de tecnologías. Si bien no estamos en revisión de GAFI por este tipo de temas, sino por el sector no financiero, en revisiones futuras sí podemos estarlo porque Panamá no tiene claridad en este punto y ahorita no está mitigando los riesgos.
Ya hay muchos riesgos que se han analizado, pero lo que tenemos en Panamá es unos grandes perjuicios y una gran exclusión. Hay muchos estudios de los riesgos de criptoactivos y dicen que son mitigables y es una pequeña parte es menos de 1% del mercado de criptoactivos que están asociados a cursos ilegales, pero lo que no queremos es que Panamá se convierta en el hogar de esas operaciones ilegales. Muchos países han adoptado regulaciones para controlar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo usando tecnología y criptoactivos y dar claridad a la naturaleza jurídica y fiscales.
¿Qué similitudes o diferencias hay con el proceso llevado a cabo en El Salvador?
Lo que se está haciendo en Panamá no tiene nada que ver con lo que hizo El Salvador. El Salvador tomo una medida mucho más extrema declarando bitcóin como moneda de curso legal, y eso no tiene nada que ver con la propuesta de Panamá. Acá lo que tratamos de hacer es poner al día a la República con lo que ya ha hecho Estados Unidos desde hace años, con lo que ya ha hecho Europa, Japón, Singapur, Australia, Hong Kong, las Bahamas y los Emiratos Árabes Unidos. La pregunta aquí es si ¿Panamá va a ser un centro financiero futurista, o un centro financiero dinosaurio? En este momento tenemos y somos un sistema financiero dinosaurio, cerrado al mundo, cerrado al internet, y cerrado a la innovación. Esta Ley es un primer paso en la dirección futurista.
¿Se critica que la ley es muy general y abarca muchos temas que deberían ser de leyes por separado?
Esa es una opinión muy de forma. Si uno tiene un gran atraso lamentablemente para ponerse al día es un camino un poco más largo, hay otros países que han resuelto el sistema de pagos y pueden hacer una ley sobre criptoactivos. Pero en Panamá tenemos una deuda muy grande en el tema de interoperatividad de pagos y no podemos esperar a que se cree un ecosistema funcional, si los jugadores antiguos no son compatibles. De qué sirve darle claridad jurídica a los criptoactivos, si una compañía que venga a Panamá y ojalá invierta millones de dólares y crea una gran cantidad de empleos, para poder permitir el intercambio de criptoactivos, no se puede conectar al sistema de pagos y no puede servir a nuestra propia población, excluyendo nuevamente a la gente del sector financiero formal
Yo creo que más que enfocarnos en la forma de si la ley aglutina dos o tres temas,. enfoquemos en el fondo de la ley y decir qué se hace bien la ley y cuáles son las críticas de fondo.
Además pasar por la Asamblea legislativa en tres y cuatro ocasiones para ponerlos al día, nos va a dar el año 2050 hasta que logremos pagar esa deuda que hemos tenido a lo largo del tiempo.
¿Qué oportunidades traería para el país regular los criptoactivos?
La ley no solo permitiría que lleguen al país compañías de criptoactivos, sino de una serie de plataformas digitales que no se han instalado en Panamá, por falta de claridad jurídica. Y estas plataformas han sido comprobadas como impulsoras masivas de la inclusión financiera. Compañías como neobancos, wallet digitales, plataformas de crowdfunding, y de financiamiento colectivo, esas compañías han dado acceso a cientos de millones de personas que no tenían acceso. Entonces como primer beneficio es saldar una gran deuda que tiene Panamá de haber servido a la región en materia financiera, pero no a su propia gente.
Esto permitiría crecer el mercado total, del mercado financiero para tener fondos adicionales incluso para la banca tradicional y tendríamos la oportunidad de dar acceso a tecnología del primer mundo a los panameños y al resto de la región.
Por el lado de los criptoactivos como la adopción ha sido tan masiva, y efectivamente hay volatilidad pero hay otras más estables, el punto es que tenemos que tratar a la población como personal adultas, y ya muchos están usando esta tecnología y miles de panameños utilizan criptoactivos de manera informal y lo hacen sin certeza jurídica, regularlo nos ayudaría a prevenir esos riesgos.
