La industria de las finanzas ecológicas siguió creciendo rápidamente este año. Luego de sortear el covid-19 y haber sido el centro de atención en la COP26, parece poco probable que la tendencia se desacelere en 2022.
Pero, ¿qué pueden hacer las finanzas, ya sean públicas o privadas, sobre el cambio climático? ¿Hasta qué punto pueden impulsar la acción, en lugar de simplemente reflejar las estructuras de poder del día? Los mil millones de dólares en activos bajo algún tipo de mandato relacionado con el clima deben tener algún impacto, ¿cómo, exactamente?
Estos son los temas más importantes a tener en cuenta en 2022 que podrían responder algunas de esas preguntas:
Más allá de la etiqueta
El espectro del “lavado verde” se cernió aún más sobre la interminable gama de productos y servicios lanzados este año dirigidos a clientes conscientes del clima. Sin embargo, pocas empresas parecen estar dispuestas o ser capaces de resolver el problema.
Dos exejecutivos de inversiones sostenibles, Tariq Fancy de BlackRock Inc. y Desiree Fixler de DWS de Deutsche Bank AG, se hicieron conocidos este año por realizar acusaciones de que sus exempleadores no hacían algo concreto con las métricas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa, conocidas como ASG.
Fixler dijo que DWS no tenía una forma sólida de evaluar la clasificación ASG de las empresas para implementarla en sus inversiones, al contrario de lo que afirmó públicamente el administrador de activos. Sus acusaciones ahora están siendo investigadas por el regulador financiero de Alemania. Por su parte, Fancy dijo que BlackRock comercializaba sus productos de inversión con etiqueta de sostenibilidad como una fuerza del bien para el mundo, al tiempo que reconocía internamente que no hacen mucha diferencia.
Cambios desde dentro
Las críticas de Fancy son algo más filosóficas que las de Fixler. Se basan en el supuesto de que hacer el bien es el objetivo, en lugar de simplemente gestionar los riesgos ASG de una cartera. Después de todo, los clientes tienden a esperar que los productos financieros comercializados como “sostenibles” o “centrados en el clima” promuevan activamente un comportamiento empresarial más ecológico. Las preocupaciones sobre la tasa de lavado verde son más altas que las preocupaciones sobre las comisiones.
No está nada claro si los inversionistas pueden hacer esto a gran escala. Tratar de lograr un cambio como accionistas implica un compromiso minucioso con las empresas y los Gobiernos, e incluso los esfuerzos prolongados pueden fracasar.
Regulación rezagada
Hace unos años existía la esperanza de que las autoridades financieras pudieran avanzar en la acción climática donde la política pública había fallado.
El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés) cumplirá cinco años a mediados de 2022. La iniciativa, que establece un marco para informar emisiones, ayudó a impulsar a los reguladores financieros a explorar cómo deberían abordar la crisis climática. (Michael Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, es presidente de TCFD).
Sin embargo, muchos de esos formuladores de políticas se han estancado en una búsqueda prolongada de mejores datos y se han visto obstaculizados por una interpretación estrecha de sus mandatos. Los bancos centrales, por ejemplo, todavía parecen creer que solo deben reaccionar ante los riesgos actuales, en lugar de explorar políticas de precaución para abordar una amenaza clara y acelerada a la estabilidad monetaria y financiera.
Algunos están avanzando hacia un enfoque más proactivo: el Banco Central Europeo está revisando los marcos de garantía y el Banco de Inglaterra está considerando si los requisitos de capital deben reflejar los riesgos climáticos. Es un progreso, pero no lo suficiente como para reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono para fines de la década: la mejor oportunidad del planeta para evitar un calentamiento global catastrófico.
Mientras tanto, las mismas políticas e intereses creados que han obstaculizado la acción climática nacional e internacional durante décadas continúan frenando una regulación climática más estricta.
¿Hacia dónde van los fondos verdes?
Se necesitan miles de millones de dólares para financiar la transición global a la energía verde y hacer frente a condiciones meteorológicas más extremas. Averiguar cómo canalizar el dinero hacia los países en desarrollo que más lo necesitan es una gran parte del rompecabezas de la descarbonización.
Una cuestión importante es qué parte de esto deberían financiar los Gobiernos y dónde debería intervenir el sector privado, con el riesgo de que esto deje en manos de los mercados la elección de los ganadores y perdedores. Si bien los inversionistas están dispuestos a aceptar proyectos de energía limpia y empresas de vehículos eléctricos, están menos entusiasmados con las medidas que no encajan tan bien en las clases de activos y estructuras de financiación existentes, como impulsar la eficiencia energética residencial o ampliar las nuevas tecnologías. La mayoría de las medidas de “adaptación”, necesarias para proteger contra los efectos del cambio climático, no tienen un flujo de ingresos y, por lo tanto, no son un atractivo obvio para inversionistas.
Un sistema financiero global al que no pueden acceder los países más pobres no puede soportar los rápidos cambios necesarios para limitar el calentamiento a 1,5 °C. Para marcar una diferencia real, los líderes y los encargados de tomar las decisiones deberán adoptar enfoques disruptivos que realmente rompan con el pasado. De lo contrario, nos dirigimos al comienzo de una estimación dolorosa sobre lo que realmente se puede lograr con las finanzas.
