El acuerdo abre la vía a que las economías más pequeñas puedan beneficiarse de una parte del impuesto sobre los beneficios que será redistribuido de esa manera por las multinacionales.
El acuerdo “histórico” obtenido el jueves 01 de julio entre 130 países sobre la imposición a las multinacionales despeja la vía para una conclusión final de las negociaciones en octubre. ¿Cuáles son las próximas etapas? ¿Qué países son reticentes? ¿Qué puntos hay por definir?
Para reunir a la vez a las grandes potencias, decididas a alcanzar un acuerdo, a los países emergentes, más desconfiados, y a los Estados con una fiscalidad mínima, hubo que incluir varios arreglos.
Así, el texto prevé una tasa de al menos 15%, pero están previstas derogaciones. Esto facilitará por ejemplo a los países seguir propiciando la instalación efectiva de actividades (y no solo sedes sociales) a cambio de ventajas fiscales. O incluso a los países en desarrollo seguir beneficiándose de las ventajas de sus convenciones fiscales con otros Estados.
Según los términos previstos en el texto, un centenar de multinacionales se comprometen a redirigir una parte de los impuestos que pagan hacia los países donde realizan efectivamente sus actividades. Pero una ampliación del número de empresas involucradas será posible al cabo de siete años. Los emergentes consideran ese periodo actual insuficiente.
Asimismo, el acuerdo abre la vía a que las economías más pequeñas puedan beneficiarse de una parte del impuesto sobre los beneficios que será redistribuido de esa manera por las multinacionales.
Estas medidas facilitaron la adhesión in extremis de Argentina, Turquía o incluso India, pero son consideradas insuficientes por la ONG Oxfam, que considera que el acuerdo sigue siendo muy favorable a los países ricos.
“El acuerdo es muy bueno para los países en vías de desarrollo, hay avances mayores para ellos”, afirma por el contrario Pascal Saint Amans, director del Centro de política y administración fiscales de la OCDE.
El G20 que se llevará a cabo del 9 al 10 de julio deberá ser un momento importante en la negociación. Los expertos apostaban que esa reunión sería el momento clave, pero el acuerdo concluido bajo el patrocinio de la OCDE el jueves reduce el suspense.
“Lo más duro ya fue realizado, pues entre los 130 países están todos los países del G20, y la reunión de la semana próxima será finalmente la ratificación política del acuerdo de ayer (jueves)”, afirman fuentes del ministerio francés de Finanzas.
Los participantes se dieron hasta el mes de octubre para finalizar todos los elemento técnicos y convencer a los países aun dubitativos. Su declaración busca una entrada en vigor en 2023.
Otros obstáculos pueden aún aparecer, especialmente en el Congreso estadounidense, donde el presidente Joe Biden no tiene vía libre y donde los republicanos están firmemente opuestos al acuerdo.
De los 139 Estados que participan en las negociaciones, nueve no adhirieron a la declaración final: Irlanda, Hungría, Estonia, Perú, Nigeria, Kenia, Sri Lanka, Barbados y San Vicente y Granadinas.
Fuera de Perú, que se abstuvo a causa de la crisis política que está sufriendo, los otros, en particular Barbados y San Vicente y las Granadinas, proponen una fiscalidad baja para atraer a las multinacionales.
Nigeria y Kenia consideraron insuficientes las garantías ofrecidas a los países en desarrollo, según una fuente conocedora de las negociaciones.
De lado europeo, Irlanda, cuya tasa de impuesto es del 12,5%, expresó sus “reservas”. El ministro de Finanzas Paschal Donohoe aseguró que “apoya en conjunto” el proceso de negociaciones.
Hungría por su parte “rechaza” la tasa del 15%, considerada “muy elevada” y un obstáculo para su crecimiento económico.
La adhesión de los tres Estados europeos es capital, pues Francia desea aprovechar su presidencia del Consejo europeo a partir de 2022 para hacer adoptar el impuesto mínimo por una directiva europea, que necesita la unanimidad.
Aunque el acuerdo logrado el jueves es mucho más detallado de lo esperado, muchos parámetros siguen sin precisarse.
Lo más significativo es el nivel exacto de la tasa: la mención es “al menos 15%”, pero muchos Estados no quieren una tasa superior.
El monto que servirá de base para el cálculo del impuesto sobre las empresas a redistribuir entre los Estados debe también ser precisado.
Algunos puntos técnicos alrededor de las exenciones técnicas siguen de esta manera abiertos a la negociación.
