El Decreto Ejecutivo 23 del 27 de octubre de 2023, que declara un moratoria minera en todo el país, aplicaría a aquellas concesiones nuevas para la exploración, extracción y beneficio de minería metálica. Por tanto, no afecta en modo alguno a los 15 contratos de minería metálica ya expedidos, incluyendo aquel a favor de Minera Panamá, S.A., motivo de protestas ciudadanas en todo el país incluso antes de su expedición (vía Ley 406 del 20 de octubre de 2023).
La Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) maneja una lista de las 15 concesiones vigentes. La más antigua es una expedida originalmente en 1995, a favor de Zioro, S.A., para la exploración de oro y otros metales en 12 mil hectáreas repartidas en Sorá, El Cacao, Chiguirí Arriba, Chame, Capira y Penonomé. Ese contrato de exploración fue prorrogado en el año 2001 y actualmente hay una solicitud para una segunda prórroga.
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En la lista también están las tres concesiones dadas a Minera Cerro Quema, S.A., para la extracción de oro y plata. Las tres, además, son para explotar en conjunto casi 15 mil hectáreas en Bajo de Güera, Llano de Piedra, Mogollón, Bayano, Altos de Güera, Flores, Macaracas, Las Tablas y Tonosí, en la provincia de Los Santos. Los tres contratos de concesión fueron otorgados por 20 años (prorrogados por 20 más) en febrero de 1997, durante la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). Actualmente, según la información que maneja el Mici, está en trámite una medida cautelar de secuestro, por orden de un Juzgado de Trabajo de la Sexta Sección (Herrera y Los Santos).
“Ese listado de concesiones lo que denota es la indiferencia o la poca importancia no solo que este, sino también los anteriores gobiernos, le han dado al rechazo generalizado que ha tenido la minería metálica en este país, que nunca se había dado tan alto y claro como ahora”, dijo la abogada ambientalista Raisa Banfield, exvicealcaldesa del distrito de Panamá.
“Lo que pasa es que nuestro Código Minero y toda la normativa que se ha ido desprendiendo de ahí está hecha de una forma que básicamente, a partir del momento en que una persona o empresa hace una solicitud, entra en el sistema y queda ya como un proceso abierto. De modo que rechazarlo o decirle que se le niega es mucho mas complicado... Han habido rechazos que han incurrido luego en demandas al gobierno, por rechazar una solicitud”, agregó Banfield.
En tanto, respecto a la minería no metálica (piedra de cantera, arena, cascajo, grava de río, tosca…), hay 150 concesiones vigentes, incluso a favor de entidades del Estado, como los permisos de extracción de piedra de cantera que tiene el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Chiriquí, Los Santos, Coclé, Veraguas y Darién, y otros a favor de algunos de sus principales contratistas, como lo son las constructoras Bagatrac y Meco.
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Según datos de la Contraloría General de la República, la responsabilidad de la vigilancia y control de la actividad minera a nivel nacional recaería en una decenas de personas del Mici, de las cuales el 54% tendría menos de año y medio de haber sido contratado. Adicionalmente, solo dos geólogos atienden todo el territorio nacional y ni uno de ellos goza de permanencia, según resaltaron Joana Ábrego García y María Dutary, dos abogadas que son parte del grupo de organizaciones que el 23 de septiembre pasado presentaron un anteproyecto de ley de moratoria de minería metálica, cuando todavía no se había aprobado el contrato ley a favor de Minera Panamá.
Según el Decreto Ejecutivo 23 de 2023, firmado por el presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, la moratoria estará vigente “hasta tanto se defina una reforma integral al Código de Recursos Minerales, producto de un amplio consenso nacional”.
