Colocar impuestos a las plataformas digitales es viable en momentos en que los Estados buscan generar nuevas fuentes de ingresos, sostiene el experto tributario, José Galíndez.
El gobierno de los Estados Unidos anunció una iniciativa de un impuesto global a las corporaciones para evitar la elusión impositiva. Varios países del G7 (grupo de las siete naciones más industrializadas del mundo), junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), están proponiendo establecer un impuesto al patrimonio que afecte a grandes fortunas para reducir la desigualdad, y mejorar las recaudaciones de tributos. Estos temas demuestran el surgimiento de un nuevo panorama de cambios radicales en la tributación del mundo, que merecen una mayor reflexión en Panamá.
Al respecto de todos estos debates, el jurista José Galíndez quien cuenta con un Ph.D de la Universidad Paris Dauphine. Posee dos maestrías: la primera en Administración Fiscal de la Universidad Paris I Sorbonne conjuntamente con la Universidad Paris Dauphine (Francia); y la segunda, en Gerencia Tributaria de la Empresa de la Universidad Metropolitana (Venezuela). El doctor José Galíndez es socio fundador de Galindez, Medrano & Asociados, y profesor Invitado de la Universidad del Externado de Colombia.
A continuación el Jurista Galíndez presenta sus puntos de vista sobre el nuevo mundo de la tributación.
Panamá se ha unido a la deliberación internacional sobre el cobro de impuestos a las plataformas de servicios digitales, ¿qué tan viable y conveniente es esta medida?
Los modelos de negocios digitales están en constante crecimiento, y con la crisis del Covid-19 se aceleró la discusión en los Estado de gravar a los contribuyentes que hacen vida en la economía digital. Por este motivo, los responsables de la política fiscal de los países están a la espera de una solución global basada en el consenso para la tributación directa de la economía digital dentro del Marco Inclusivo del Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (en inglés BEPS), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20.
Considero que tomar estas medidas de forma oportuna es viable y conveniente, especialmente considerando la necesidad del Estado por buscar recursos fiscales para combatir los efectos de la pandemia en la población en general.
José Galindez, analiza el panorama tributario panameño y las tendencias mundiales.
¿Cuáles impuestos serían más convenientes para ser aumentados con la finalidad de recaudar fondos para enfrentar los impactos de la pandemia Covid-19?
La pandemia Covid-19 postergó los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina. Para determinar qué impuesto y qué cuantía es conveniente, cada Estado debe evaluar su gasto tributario, ya que la conveniencia de los impuestos depende del grado de desarrollo de las administraciones y las estructuras tributarias de los países. En este sentido, los Estados deberían eliminar los incentivos tributarios ineficaces y promover incentivos fiscales a sectores estratégicos que tengan como objetivo la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo a través de los ingresos tributarios.
Ahora bien, en el seno de los organismos multilaterales, se discuten varios impuestos de carácter temporal y algunos de carácter permanente con la finalidad de reducir los niveles de déficit fiscal causados por la pandemia. Ya conversamos sobre los impuestos digitales. También se discute la implementación de los impuestos verdes (por ejemplo, impuesto sobre el Carbono), y el controversial Impuesto sobre el Patrimonio, este último sugerido por el Fondo Monetario Internacional recientemente.
Existe una frase en francés “Trop d’impôt tue l’lmpôt”, que en pocas palabras quiere decir que el exceso de impuestos desincentiva el pago voluntario y ocasiona la caída de los ingresos tributarios, por lo que considero que la política tributaria debe tener como premisa un sistema tributario simplificado, y una política integral de modernización en las Administraciones Tributarias que tenga dentro de sus pilares la digitalización de los procesos tributarios y la inversión en el capital humano de las administraciones tributarias.
El presidente Joe Biden está proponiendo al G7 el establecimiento de un impuesto global a las empresas, para evitar la elusión fiscal, ¿Qué le parece a usted esta medida?
Esta propuesta va en sintonía con las iniciativas de la OCDE dentro del Marco Inclusivo del Proyecto BEPS. En especial, denominado Pilar II que busca una tributación mínima para los grupos multinacionales en las jurisdicciones donde tenga presencia. Sin duda alguna, es un gran avance para evitar la proliferación de medidas unilaterales por parte de los Estados.
¿Cómo debería reaccionar Panamá a ese esfuerzo?
La República de Panamá forma parte del Marco Inclusivo del Proyecto BEPS de la OCDE, por lo que una vez que los países miembros del Marco Inclusivo tengan una solución basada en el consenso, el Órgano Ejecutivo de Panamá, deberá diseñar un marco regulatorio que le permita estar alineado al consenso internacional.
¿Cómo se puede mejorar el funcionamiento y la capacidad de recaudación de la Dirección General de Ingresos?
La Dirección General de Ingresos (DGI) ha dado pasos importantes en la digitalización de los procesos tributarios en el contexto del Covid-19. La masificación de la factura electrónica será vital para el ente recaudador, para los cruces de información, y el control de las declaraciones.
En el mediano plazo, el Órgano Ejecutivo debería considerar la factibilidad de la autonomía financiera y administrativa del ente recaudador, con la finalidad de que este disponga de los recursos como lo hace la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
¿Cuáles impuestos debería considerar Panamá para reducir la desigualdad?
Es un tema difícil de responder, dada las diferentes variantes que producen la desigualdad en los países, como lo dije anteriormente, creo en la simplicidad tributaria y la constante modernización de las administraciones tributarias.
En lo particular, no considero que el Impuesto Sobre la Fortuna ayude a reducir las brechas de la desigualdad, la desigualdad se combate con la política educativa.
¿Qué opina usted de la proliferación de zonas francas como método de incentivar a las empresas privadas?
Considero que los incentivos fiscales ayudan a promover sectores claves de la economía, hay incentivos eficientes y otros ineficaces. Sin embargo, existen también otros métodos para incentivar a las empresas privadas: el capital humano, la infraestructura y la innovación.
En este contexto, considero claves los incentivos fiscales a la innovación tecnológica, la promoción del capital humano, la transición energética y la soberanía alimentaria.
En noviembre de este año se efectuará la COP-26 de cambio climático, en la que se discutirán propuestas de financiamiento verde, ¿qué debería proponer Panamá?
Se debería trabajar en una política integral para promover la transición energética hacia energías más limpias, y que Panamá se convierta en un hub energético de distribución en la Región.
¿Es justo calificar a Panamá como un paraíso fiscal, e incluirlo en listas internacionales por esto?
Considero que aún hay mucho por hacer, pero me parece que no es justo señalar específicamente a Panamá. La República de Panamá ha dado pasos significativos hacia la transparencia fiscal, en el intercambio de información para fines fiscales, y en la implementación del control fiscal de los precios de transferencia. Incluso con este último, la reciente jurisprudencia del Tribunal Administrativo Tributario ratificó un ajuste fiscal por 39 millones de dólares en materia de precios de transferencia a la sucursal de una multinacional petrolera, dejando en evidencia que en el plano local se ha lucha contra el fraude fiscal.
